La propuesta pretende ampliar la Ley 5508/2015 en su ámbito de aplicación, para proteger a la mayor cantidad posible de niños durante el periodo de lactancia. El documento debe pasar a consideración de la Cámara de Senadores.
La protección legal compete a funcionarios del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública y Ministerio Público, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, a trabajadores de los institutos técnicos superiores y a las universidades.
De acuerdo al documento, todas las entidades están obligadas a proveer de un espacio adecuado para las madres. En dicho lugar, se debe asegurar que las mujeres puedan amamantar o extraerse la leche, asegurando su adecuada higiene y conservación.
La modificación de la normativa también establece sanciones a las instituciones que incumplan con la disposición. Se trata de multas que van de 50 a 100 jornales mínimos, conforme a la gravedad de la falta.
La aprobación se da en medio de una crisis, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya ratificado la sentencia dictada por la Justicia Militar, en el 2017, en contra de la teniente de fragata Carmen Quinteros, quien inició en las Fuerzas Armadas una lucha para que la dejen amamantar a su hijo, con 45 días de arresto.