Tanto Grispun como Jiménez Viveros fueron beneficiados con la figura de prisión domiciliaria tras la disposición del juez Humberto Otazú.
A cambio de la modificación de la medida, se dispuso una fianza de G. 2.500 millones que involucra a la defensa de los hombres, como a ellos mismos.
En mayo del 2018, estas dos personas aparentemente intentaron retirar alrededor de G. 2.000 millones de las cuentas del prófugo de la justicia, Darío Messer, quien es sindicado internacionalmente como lavador de dinero.
Los funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) al detectar que se pretendía retirar dinero de las firmas de este hombre, cuyos bienes se congelaron, dieron aviso a las autoridades. Sin embargo, Grispun y Jiménez Viveros no esperaron mucho tiempo y minutos después de iniciar la transacción, por la larga demora, decidieron retirarse de la sede.
Cinco meses después, a fines de octubre del 2018, se entregaron. Ellos estaban en rebeldía por una investigación en su contra por lavado de dinero y asociación criminal. En ese momento, se cumplió con el pedido de llevarlos a la cárcel, mientras duren las indagaciones.