La situación de Emergencia Penitenciaria durará 1 año. La propuesta autoriza el apoyo y el empleo de las fuerzas públicas como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para la custodia y cobertura de seguridad perimetral de todos los establecimientos penitenciarios.
El Ministerio de Justicia adoptará las medidas administrativas que considere pertinentes para llevar a cabo contrataciones de personal, bienes y servicios bajo el régimen de excepción para la construcción de cárceles. La obras podrán ser financiadas con recursos provenientes del Tesoro Nacional, créditos internos y externos, recursos propios y privados, además del apoyo proveniente de entidades binacionales.
El Gobierno ya licitó la construcción de 2 penales en Emboscada y 1 cárcel en Minga Guasu. En tanto que, se planea la construcción de otras 2 cárceles de máxima seguridad, cuya inversión no fue dada a conocer oficialmente y la contratación de unos 500 guardiacárceles.
Finalmente, los fondos previsionales no podrán utilizarse en ningún caso, como el Instituto de Previsión Social, Caja Fiscal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.