El comisario principal Carlos Aguilera declaró que se trata de unas 7 hectáreas de las cuales dos fueron usurpadas. Informó que los pobladores fueron notificados 24 horas antes y que desde ayer se están retirando pacíficamente. Para el operativo se movilizó unos 1.200 oficiales. El comisario manifestó que las familias se encuentran ocupando el predio desde junio del 2018.
En los terrenos se observan construcciones importantes. Algunos de los afectados testificaron que además de pagar una cantidad semanal, ellos fueron instados a construir viviendas de materiales para asegurar la permanencia.
Las familias no dieron nombres específicos sobre algún líder, sin embargo una mujer aseguró que un dirigente identificado como Nelson se encargó de traer a las familias, que inicialmente pidió a cambio G. 1.200.000 y que posteriormente él se encargaba de juntar variadas sumas para el trámite de documentos que también cobraba semanalmente. Asimismo aseguró que la insistencia se centraba en construir una casa de material ya que esta era la única manera de evitar un desalojo.
La mujer declaró que el día de ayer el dirigente aún estaba solicitando la suma de G. 150.000 por familia para que la orden de desalojo no los afectara. Lamentó haber sido engañada ya que invirtió más de G. 5.000.0000 teniendo una situación precaria, con una hija con discapacidad y dos niños más que dependen de ella.