El diputado Pedro Alliana es consciente de que este tipo de maniobras puede «generar un rechazo ciudadano».
Sin embargo, se aferra a su idea de que antes de que un colega suyo pierda su investidura, primero debe haber una condena. «Ese es el pensamiento de la mayoría de los legisladores», dijo.
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Por su parte, requirió a la Fiscalía «agilizar su trabajo» ya que ellos cumplen con su función institucional de quitar los fueros a los diputados o senadores sospechosos de cometer un hecho punible.
Esta postura es una interpretación sobre lo que dicta la Constitución Nacional que estipula que para expulsar a un congresista se requiere comprobar fehacientemente que usó indebidamente sus influencias. En ningún párrafo habla de una sentencia judicial.
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Incluso, existe jurisprudencia del senador Óscar González Daher quien fue sacado de su cargo luego de que se lo involucre en los casos audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Requirió únicamente la apertura de la carpeta fiscal para esto.
Días atrás Ulises Quintana, Carlos Portillo y Tomás Rivas fueron salvados de un plumazo mientras el foco de la opinión pública trataba otro tema sensible. Quintana es investigado por un hecho punible que atañe al narcotráfico en calidad de cómplice. Portillo, por su parte, está siendo indagado luego de que una voz similar a la suya se viralice exigiendo a una abogada el pago de una suma de dinero para concederle un favor. Por último, Rivas fue salpicado por el escándalo de los «caseros de oro», una investigación periodística que siguió a sus empleados domésticos que figuraban como funcionarios en Diputados, siendo que realizaban labores en la propiedad del legislador.
📌 ¡Los blindados de la Cámara de Vergüenza! De un plumazo se salvaron de ser expulsados, mientras la atención ciudadana estaba en otro punto.
— NPY Oficial (@npyoficial) October 21, 2019
📌 No olvides por qué están siendo investigados por la justicia, ni sus nombres, ni sus caras.#NPY #NosConecta pic.twitter.com/5UpZQ3Ntl4
