La ley de financiamiento político busca controlar los ingresos de los diversos candidatos políticos, mediante rendición de cuentas de ingresos y gastos de su campaña, buscando evitar dinero de dudosa procedencia.
Dicha normativa establece la creación del departamento de prevención del lavado de dinero en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la sanción de 10 años sin poder candidatarse al aspirante que no cumplan con la normativa.
Además se incluye a la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Seprelad en el sistema de financiamiento político.
De ahora en más los candidatos a algún cargo político estarán obligados a presentar rendición de cuenta antes y después de sus campañas.