El magistrado Raúl Florentín ordenó este jueves a la Contraloría General de la República publicar las DD.JJ. presentadas desde 1992 hasta el 17 de junio del 2020 de todos los funcionarios estatales. Lo que corresponda al patrimonio deberá ser de acceso público, esto debe estar publicado en menos de 6 meses en la web de la institución, Contraloría.
En junio de este año, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ya emitió un fallo que disponía la publicación de las declaraciones juradas. Sin embargo, solo incluía las de funcionarios de entre 1998 y 2017.