Una ley peruana modifica su Código Penal para establecer duras sanciones contra aquellos funcionarios públicos corruptos en época de pandemia.
Los que cometan ilícitos como corrupción, malversación o tráfico de influencias durante la alerta sanitaria, los mismos serán inhabilitados a ser funcionarios del Estado de por vida.
En casos de corrupción en licitaciones del estado, la persona puede recibir penas de 15 a 20 años de cárcel en caso de que se dén algunos de estos agravantes: asociación criminal, cuando el daño sea contra un programa social o cuando el acto se dé en medio de un estado de «calamidad pública, emergencia sanitaria o la acción comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional».
En los casos de malversación de dinero, las autoridades irían a la cárcel 8 a 15 años, así como la inhabilitación perpetua, informó América TV de Perú.
En el eventual caso de que un funcionario permita que se sustraigan fondos públicos de programas sociales, la pena privativa irá de 3 a 5 años de cárcel.