Las instituciones binacionales se negaron rotundamente al pedido de la Cámara de Senadores, de que la Contraloría General de la República audite a las entidades sobre los gastos de los fondos socioambientales, los cuales fueron recientemente destinados para el Ministerio de Salud, atendiendo la crisis sanitaria por la pandemia.
La Contraloría cuenta con un plazo de 60 días para que efectúe la auditoría financiera sobre los gastos.