Según publica el diario Última Hora, la Secretaría Anticorrupción intenta unir los hilos de cada factura en el marco del análisis de la documentación respaldatoria acompañada a las dos rendiciones de cuentas formuladas por la Gobernación del Departamento Central y la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).
Asunción Ofertas es el nombre de la firma que realizó supuestamente unos trabajos de consultoría ambiental entre las fechas 15 y 27 de febrero pasado por un valor de G. 904.741.819 divididos en 8 facturas con conceptos repetidos, según detalla Última Hora.
El Ministerio del Ambiente (MADES) informó a Anticorrupción que en el catastro técnico de consultores ambientales (CTCA) no se registra el nombre de Édgar Daniel Arriola, de acuerdo con declaraciones del ministro de Senac, René Fernández.
También se investigaron los datos de las facturas crédito de Antonio Rodolfo Arpea Chávez, que están también en la rendición de cuentas.
Arpea sí figura en el registro del MADES. En la rendición hay dos facturas del consultor de G. 30 y 35 millones, donde se menciona el pago de “honorarios profesionales por elaboración de estudio de impacto ambiental del proyecto de construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central”, con fecha 4 de enero de 2021, o sea, un mes antes del desembolso a la Fundación CIAP de los G. 5.105 millones.
El MADES informó que no se verifican los registros de la presentación de proyectos en representación de la Fundación CIAP, salvo que el registro respectivo podría estar a nombre de alguna persona física o jurídica en carácter de las actividades que requieren expedición de declaración de impacto ambiental.
Sin embargo, la Fundación CIAP y la Gobernación de Central solamente presentaron facturas de licencias ambientales de Asunción Ofertas y de Antonio Arpea.
Los antecedentes
El pasado viernes, el Ministerio Público allanó las oficinas de la Fundación CIAP, que recibió los fondos de la Gobernación de Central para ejecutar obras.
El 8 de julio, la Secretaría Anticorrupción y la SET presentaron una denuncia por la falsificación de facturas y otras inconsistencias halladas en la rendición de cuentas y solicitaron la inmediata intervención de la Fiscalía, ya que se estaba frente a elementos contundentes que demostrarían una lesión de confianza.
No obstante, la Fiscalía se limitó por casi un mes a solicitar informes a las instituciones del Estado y recién el viernes se realizó el allanamiento de la fundación presidida por Tadeo Álvarez.
Asimismo, Auditoría General del Poder Ejecutivo verifica las obras declaradas.
Cabe señalar que varias empresas denunciaron a CIAP por la presentación de facturas falsas con sus membretes.
Fuente: Última Hora