La Misión de las Naciones Unidas en Venezuela concluyó que la justicia de la dictadura de Nicolás Maduro permitió la persecución, tortura y encubrimiento de crímenes de opositores.
«El Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones de derechos humanos». Por el contrario, el «sistema ha jugado un papel significativo en represión de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos», rescata el portal Infobae. Hay 13 puntos claves en este documento.
1) Los jueces cambiaban fecha de expedientes para encubrir la participación de las fuerzas de seguridad en torturas contra los opositores.
2) No movían ningún dedo ante denuncias formales de desapariciones o torturas.
3) Utilizaban maniobras que realizaban los nazis, la Sippenhaft, deteniendo o secuestrando a miembros de la familiar de opositores.
«Un acusado de participar en la Operación Gedeón dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la DGCIM lo torturaron y le dijeron que aplicarían el ‘Sippenhaft’. Detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta durante 32 días», refiere el informe.
4) Los jueces y fiscales del régimen tampoco investigaban casos de violencia sexual contra detenidos. Incluso, tras denuncias de tormentos, obligaban a los detenidos ilegalmente a permanecer bajo la custodia de sus torturadores en centros clandestinos.
5) Los detenidos eran constatemente torturados, todos los días durante su detención. Una de las víctimas sufrió un aborto.
6) Presos políticos no realizaron denuncias de ultrajes por no confiar en el poder judicial de Maduro.
7) La Justicia validó confesiones, interrogatorios sin defensa, declaraciones vía torturas.
8) De 183 detenciones de opositores entre 2014 y 2021 documentadas por la Misión de la ONU, 82 personas que fueron presuntamente sometidas a tortura siguieron siendo imputadas de delitos por las autoridades fiscales y judiciales.
9) No se respetaron los plazos procesales. Los detenidos estaban incomunicados y sin supervisión. «Eran vulnerables a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes», escribieron.
10) Los jueces y fiscales daban vía libre a los agentes de inteligencia para actuar. Para ello, permitió que se abusara de la figura de prisión preventiva para arbitrariamente se dispusiera de la libertad de los perseguidos.
11) Ante todo esto, la ONU tiene motivos para pensar que jueces y fiscales han desempeñado papeles claves en las detenciones arbitrarias.
«Han fundado órdenes de aprehensión y prisión preventiva y acusaciones en hechos y pruebas que no implicaban actos delictivos o sobre la base de los cuales no se podía individualizar la participación de la persona. En algunos casos, las detenciones y los cargos fueron sustentados en pruebas manipuladas, fabricadas, u obtenidas mediante tortura o coacción», reportaron.
12) La Justicia privó a los detenidos su derecho de tener un abogado. «En general, el Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos», concluyeron.
13) Finalmente la ONU hace responsable a actoresde la justicia de Maduro por no haber impedido las torturas y atropellos a víctimas.