Al menos 90 representantes de diferentes asentamientos se reunieron para anunciar que el 28 de febrero lanzarán la lucha prolongada en todo el país, ellos piden la legalización de los asentamientos campesinos e indígenas, piden una política de estado para los productores.
Exigen que se derogue la ley aprobada el pasado 2021 que criminaliza a aquellos que ocupan tierras en asentamientos. «Acá hay una problemática seria y ellos ofrecen cárcel como solución y vamos a concentrarnos en los distintos departamentos para exigir nuestros derechos», declaró una de las manifestantes.