Este proyecto aplicará a cualquiera que cerrara, obstruyera o demorara de cualquier manera la libre circulación de personas y bienes por las rutas nacionales o internacionales o cualquier otra vía pública o de tránsito.
Según el senador Enrique Riera, se tiene que garantizar la libre circulación de tránsito para las personas.
La pena de obstruir las calles se considerará un crimen al tener una privatización de libertad de 6 años.
Hay sectores como la de los camioneros que no están de acuerdo con este proyecto.
El derecho al paro, huelga o manifestación está constitucionalmente garantizado, pero tiene sus limitantes, aclaró el parlamentario.
En cuanto a las marchas campesinas, establecida en la ley del Marchodromo, en esta se establece normas que se deben respetar para hacer manifestaciones en el país, entre otras cosas se establece el horario y lugares donde sí se puede protestar, al igual que la obligatoriedad de comunicar sus realizaciones.
Actualmente, el proyecto de ley no tiene fecha de tratamiento al no llegar a un consenso aún.
