A partir de la comparación de energía obtenida de las binacionales y las facturas emitidas por la institución se obtiene la diferencia, que sería las perdidas que se estiman alrededor de USD 60 millones, explicó el abogado Rolón.
Se intervinieron más de 100 fraudes en Alto Paraná, en las que abundaban en su mayoría la «derivación de medidor», la cual consiste en que el consumo no es registrado en su totalidad, otro medio de fraude común es la «sustracción de energía», hecho penado con 3 años de cárcel o multas, explicó.
El 80% de las perdidas se registran en 5 departamentos: Central, Alto Paraná, Itapúa, San Pedro y Caaguazú, según el gerente comercial, Rolón.
Tanto personas de escasos recursos, como grandes consumidores industriales cometen este tipo de delitos, agregó.
Asegura que las intervenciones continuarán de forma permanente y pide a la ciudadanía que eviten esta actividad ilícita que compromete la situación financiera al no poder invertir ni mejorar el servicio.