Tras el último desalojo el pasado año, unas 180 familias regresaron al asentamiento Cristo Rey, San Pedro, por lo que este miércoles la Policía Nacional con el apoyo de unos 400 efectivos policiales procedieron con el octavo desalojo.
Antes de llegar al sitio fueron retenidos por un grupo de ocupantes y algunas personas que conforman la Federación Nacional Campesina. Los agentes intentaron dialogar, pero al no poder llegar a un acuerdo se vieron obligados a usar gas lacrimógeno y balines de goma.
Varias personas que se opusieron al desalojo fueron identificadas, y serían imputadas, según el reporte de los intervinientes. Agregaron que durante el desalojo no se registró ningún herido.
Según el propietario, Miguel Ángel Montanere, se negó a vender la tierra al Indert acusando a los ocupantes de deforestar el sitio.
