Según recoge el diario Última Hora, La Ley 6.962/2022 que busca regular la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia y administración de criptoactivos o instrumentos que permiten el control sobre criptomonedas.
Los argumentos del Ejecutivo guardan relación con las postura de la ANDE al respecto del alto consumo de energía eléctrica para la criptominería, su uso intensivo de capital y escasa mano de obra, por lo que la empresa estatal afirma que debe ser una actividad catalogada como de consumo electrointensivo y no así como consumo industrial.
El veto también expone la postura del MIC, que refiere que la política pública debe garantizar el acceso de energía disponible «a todos los paraguayos» así como impulsar inversiones que ofrezcan empleos.
También recuerdan que el Banco Central del Paraguay sostiene que los criptoactivos no cumplen funciones básicas del dinero y constituyen inversiones de alto riesgo.