El agente fiscal Alberto Torres imputó por varios hechos a los cuatro policías denunciados por haberse apropiado de 10 mil dólares americanos de un grupo de comerciantes que venía de Encarnación a Ciudad del Este transportando un monto mayor de dinero. Fue para no comunicar sobre el hecho a la fiscalía.
Los imputados son personales de las sub comisarías de San Miguel y Cerro Largo, de Santa Rita, identificados como los suboficiales Miguel Ángel Ortiz, Rafael Duarte, Raúl Franco y Nilson Avalos.
El sábado en horas de la tarde montaron una barrera sobre la ruta PY06 en el límite de los municipios de Tavapy y Santa Rita, sin comunicar a sus superiores sobre el operativo. Retuvieron un automóvil que circulaba hacia Ciudad del Este, ocupado por cuatro comerciantes de origen libanés residentes en Encarnación, quienes transportaban 80 mil dólares americanos destinados para el pago por mercaderías varias.
El monto fue encontrado por los uniformados que verificaron el automóvil y catearon a sus ocupantes, lo que habría motivado el “apriete”. Torres presentó la imputación luego de obtener más informaciones de parte de las víctimas, que ratificaron que los uniformados les exigieron el pago de 30 mil dólares para no remitirlos a cargo de la fiscalía y delitos económicos de la Policía Nacional. Finalmente, pagaron 3500 dólares, fueron liberados y se les devolvió los billetes que incautaron.
Las víctimas también revelaron que los policías labraron un acta que pidieron que firmaran, pero ellos se negaron. Era para blanquear el procedimiento. También relataron que uno de los comerciantes, al que devolvieron los billetes, fue traído a bordo de la patrullera hasta el puesto de peaje del km. 26, siendo escoltados por los demás para luego seguir el trayecto hacia Ciudad del Este.
Una vez llegado al microcentro revisaron el dinero devuelto y se percataron de un faltante de 6500 dólares más, es decir, los policías se quedaron con USD 10.000 por lo que radicaron la denuncia. El agente fiscal ordenó la detención de los cuatro involucrados y formalizó la imputación por los hechos de cohecho pasivo agravado, hurto, robo, apropiación y asociación criminal. Igualmente, solicitó que el juzgado decrete la prisión preventiva de los uniformados, quienes ya fueron removidos del cargo y están privados de su libertad en la dirección de policía departamental en espera de la resolución judicial.
