Según los reportes, la empresa habría recibido reportes de supuestos fallos en la calidad de los productos. Investigando el caso, se habrían percatado que los envíos en el país habrían sido «ordeñados» y en su lugar cargaban agua en los componentes a ser vendidos, exclusivamente para el uso de minería.
Ante esta situación, estiman que lo robado podría ascender a los 180.000 kilos que ya habrían sido vendidos en el mercado negro.
La empresa acusa a Dimabel de una supuesta complicidad ya que es el ente encargado de la fiscalización de las cargas.
Estas denuncias propiciaron allanamientos de la Fiscalía tanto en la empresa distribuidora en Paraguay y en el cuartel de Dimabel en Piribebuy, sin embargo, aún no hay imputaciones.