El rescate de los trabajadores se produjo durante una intervención encabezada por el Ministerio Público del Trabajo y el Batallón de Policía de Frontera en un inmueble rural ubicado en el municipio de Perolas, estado de Paraná, a 250 kilómetros de su frontera con Paraguay.
Una denuncia anónima fue presentada en Umuarama, donde se informó sobre la existencia de un grupo de trabajadores rurales de origen paraguaya e indígena que estaría siendo víctima de explotación laboral y estarían siendo sometidos a un régimen similar a la esclavitud en la referida propiedad rural.
Durante la intervención, que contó además con la intervención de funcionarios de otras instituciones, se constató la denuncia. En la hacienda, cuyo propietario no fue revelado, fueron ubicadas 10 personas, una de nacionalidad brasileña y el resto paraguayos de los cuales 3 son indígenas.
Trabajaban en una extensa plantación de mandioca y vivían en condiciones precarias.
“Todos los derechos laborales eran violentados y estaban sometidos a tratos humillantes”, según un informe proporcionado desde la propia Policía Federal donde se dieron detalles sobre la intervención.
La investigación quedó a cargo de esta institución mientras las víctimas fueron derivadas a un albergue y deben ser escuchados antes de en el caso de los paraguayos ser devueltos a su zona de origen.
Los relatos indican que no tenían horario de trabajo, debían estar en el cultivo mas de 10 horas al día, no recibían pago en efectivo, dormían en el suelo y la alimentación era racionada.
En los últimos días trabajaban solo por la comida que les era proveída una vez por semana.
Hasta el momento no hay ningún detenido por el caso pero atendiendo a que ya son reiteradas las denuncias sobre situaciones similares desde el Ministerio del Trabajo aseguraron que la prioridad es identificar y castigar a los responsables de hecho.
No descartan orientar las investigaciones hacia Paraguay atendiendo a la posibilidad de que las víctimas fueron captadas por propios compatriotas.
Igualmente hay un compromiso de las autoridades brasileñas de que los trabajadores percibirán el dinero que les corresponde y recibirán una especie de indemnización una vez que concluyan el proceso e identifiquen al responsable del crimen.