En contacto con este medio, la abogada Cecilia Pérez, exministra de Justicia, se refirió a la decisión del Gobierno de cortar la cooperación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y lo calificó como un “retroceso desde todo punto de vista”.
Para Pérez, se trata de un debilitamiento institucional para la Senad, que en su momento llevó adelante importantes operativos como A Ultranza Py, que sigue la pista al esquema criminal de narcotráfico liderado por Sebastián Marset y personajes de alto nivel político y empresarial del país.
“El crimen organizado es transnacional. La lucha solos, desconectados de la cooperación internacional, es imposible a estas alturas, las organizaciones que se dedican al narcotráfico funcionan como multinacionales del crimen. Tenemos una ubicación geopolítica demasiado importante, se ha demostrado con A Ultranza cómo en el medio de la Hidrovía pasa lo relacionado al narcotráfico”, explicó.
La exministra consideraque el Gobierno debe ser claro con las explicaciones sobre la suspensión de esta cooperación, ya que las recientes explicaciones del ministro Halil Rachid, actual cabeza de la Senad, no satisfacen los cuestionamientos. Según Rachid, la intención es “fortalecer” la cartera estatal.
“El ministro de la Senad decía que la Senad tenía recursos limitados y era optimizar sus recursos. ¿Cómo fortalecés una institución con recursos limitados desprendiendole de los recursos de que te da la cooperación?”, cuestionó.
La explicación del Gobierno es que se busca “redireccionar” la cooperación de la DEA a la Policía Nacional. Para Cecilia Pérez, los riesgos de filtraciones de información delicada aumentan con esta disposición.
“Primero corremos el riesgo de filtraciones, cuando se transfiere información de inteligencia o un trabajo que se estaba realizando de manera hermética hay riesgo de filtración y esa filtración va a derivar en la frustración de procedimientos y objetivos”, criticó Pérez.
La disposición del Gobierno de Santiago Peña entrará a regir desde el 2025, según información del Washington Post, medio estadounidense que se hizo eco de esta información cuando en Paraguay no había una sola comunicación del Estado sobre esta decisión.
