15 nov. 2024

Imputan a hijo de RGD por alquiler ilegal de inmueble

Fernando González Karjallo, hijo de Ramón González Daher, fue imputado por los delitos de apropiación y usurpación de funciones públicas, en el marco de una investigación sobre el alquiler de una propiedad comisada que se encontraba bajo la administración de la Senabico.

El fiscal Aldo Cantero, imputó este viernes al hijo de Ramón González Daher, Fernando González Karjallo por el alquiler ilegal de inmueble que ya estaba comisada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.

La denuncia fue presentada por Teresa Rojas, titular de la Senabico, tras descubrirse que González Karjallo habría firmado un contrato de alquiler para una vivienda situada en la intersección de Celsa Speratti y Rogelio Santacruz, en Asunción, que, después de ser alquilada, fue convertida en una funeraria.

Según el acta de imputación, el imputado habría actuado como si tuviera facultades para gestionar la propiedad, asumiendo funciones que no le correspondían y apropiándose de los ingresos generados por el alquiler. Dichos ingresos, según la ley, debieron ser destinados al Tesoro Público, dado que el bien estaba bajo la administración de la Senabico.

El inmueble en cuestión fue comisado el 22 de mayo de 2023, en el marco de un proceso judicial relacionado con el clan González Daher, y ya existía una orden judicial que prohibía cualquier tipo de contrato sobre esa propiedad. El fiscal Cantero argumentó que, al alquilar el bien, Fernando González Karjallo no solo violó las disposiciones judiciales, sino que también usurpó funciones que pertenecen a la Senabico, encargada de administrar los bienes comisados en nombre del Estado.

Este caso se suma a la larga lista de bienes incautados a la familia González Daher. Hasta la fecha, un total de 141 inmuebles, pertenecientes tanto a Ramón González Daher como a su hijo Fernando, han sido comisados.

De estos, 53 ya han sido entregados a la Senabico, 25 de ellos pertenecientes a RGD y 28 a su hijo. A pesar de ello, aún quedan 88 propiedades que deben ser transferidas al Estado paraguayo, conforme a lo dispuesto por las autoridades judiciales.

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