La denuncia fue presentada por la ahora fallecida escribana Carmen Ruiz el 15 de abril pasado ante la unidad especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar a cargo de la fiscal Susan Raquel Vega.
De acuerdo al escrito presentado, sufría maltrato verbal y presiones sicológicas por parte de su ex suegra Noemi Zenovia Álvarez por lo que ese mismo día la representante del Ministerio Público comunicó al Juzgado de Garantías sobre el comienzo de la investigación en contra de la presunta responsable. Debido a las derivaciones del caso, la desaparición de la mujer y sus dos hijos menores de 5 y 3 años y que con el hallazgo de los cuerpos de ella y el niño se terminaron confirmando que se arrojó al río Monday, la agente fiscal aclaró que ya previamente había realizado las primeras diligencias y quedaba pendiente otras para tomar alguna determinación con relación a una probable imputación de la denunciada.
Explicó que el día siguiente a la recepción de la denuncia ofició a la encargada del Centro Regional de Mujeres para la contención psicológica de la denunciante, supuesta víctima de violencia familiar hasta ese momento.
Esa fecha también pidió al Juzgado de Paz medidas de protección para Carmen. Justamente la magistrada Vicenta Fariña, en fecha 18 de abril ofició a la Policía Nacional para notificar a Noemi Álvarez la vigencia de la medida de protección que implicaba la prohibición de acercamiento a la víctima, a su hogar familiar, a su lugar de trabajo y otros sitios en un radio de 300 metros.
Según la explicación de la fiscal Vega, como la denuncia refería sobre maltrato verbal esperaba el informe de la evaluación de la víctima que debía realizar el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.
Este informe era fundamental para una eventual imputación de la denunciada, lo que quedó pendiente hasta que Carmen tomó la drástica decisión de poner fin al tormento que venía sufriendo, según su familia. En la unidad fiscal están previstas declaraciones de los familiares y del entorno de la fallecida. Entre las declaraciones pendientes estaba la de la propia Carmen, que lamentablemente ya no será posible.
Susan Vega explicó que aguarda ahora la autopsia sicológica de forma a determinar si los maltratos atribuidos a la suegra y los cuñados la llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida junto con sus dos hijos menores y eventualmente esto implicaría la imputación de los mismos por instigación al suicidio. Nuestra legislación establece una pena privativa de libertad de entre 3 a 10 años por instigación al suicidio.
El antecedente más reciente que se tiene en el Alto Paraná es de un caso en el que un exconcejal municipal de Minga Guazú fue condenado a 9 años de cárcel por instigar al suicidio de su esposa.
