Varios relatos apuntan a que las víctimas, especialmente jubilados que viven en el interior del país, fueron despojados de sus recursos por la red de estafas de pagarés. María Soilán, docente jubilada oriunda de Vallemí (Concepción), relató cómo la red se aprovechó de su situación geográfica para estafarla.
Según explicó, la empresa que le vendía electrodomésticos se adueñaba de los pagarés que ella firmaba y los vendía a estudios jurídicos. «A mí ya me descontaron más de G. 50 millones en forma ‘normal’. Encima de este, me embargaron después por más de G. 26 millones», comentó con angustia.
Lo más alarmante, según la docente, es que tras el embargo, le informaron que aún debía G. 66 millones adicionales para cubrir su cuenta, a pesar de los esfuerzos para saldar la deuda.
Por otro lado, una enfermera jubilada también compartió su amarga experiencia, señalando que desde 2016 le vienen descontando de sus haberes una suma que, a día de hoy, asciende a cerca de G. 100 millones. «Me voy y vengo a la Fiscalía, pero te tienen como bola sin manija: nadie te hace caso», expresó, dijo que siente la desprotección ante las autoridades.
Estas historias son solo una pequeña muestra de cómo los jubilados están siendo víctimas de una mafia que explota su vulnerabilidad, sin que las autoridades tomen medidas efectivas para frenar este tipo de abusos.
