El tribunal, presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, dictó una sentencia de 25 años de cárcel más 6 años de medidas de seguridad. Villalba, conocida como la enfermera del EPP, fue hallada culpable de terrorismo, asociación terrorista, violación de la ley de armas, entre otros delitos.
El caso se remonta al 20 de noviembre de 2020, cuando Villalba supuestamente participó en un tiroteo entre el EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Cerro Guazú, Departamento de Amambay. Fue detenida el 23 de diciembre de 2020. Los fiscales Lorenzo Lezcano y Federico Delfino habían solicitado una condena de 25 años de prisión y 8 años de medidas de seguridad.
