La medida busca constatar posibles anomalías e identificar a los responsables. Asimismo, se remitirán los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, previa inscripción en la Oficina de Quejas y Denuncias.
Como parte del control preventivo, la Corte ordenó a la Contraloría General de la República examinar la correspondencia patrimonial de todos los jueces y funcionarios de Paz de la capital. También, se estableció un monitoreo estricto de las entradas y salidas del personal, con informes mensuales dirigidos al Consejo de Superintendencia.
Además, suspendieron ascensos y nombramientos de funcionarios presuntamente involucrados en este esquema. Entre los afectados se encuentran Pablo Cabrera Irigoitia, Mariam Ortiz Aquino, Heber Cardozo Areco y Líder Benegas Cristaldo, quienes fueron señalados por el abogado Jorge Rolón Luna en redes sociales como parte de un modelo de estafa.
El fraude consiste en adquirir pagarés previamente cancelados, utilizados para ejecutar cobros judiciales ficticios. Los documentos son presentados en juzgados de Paz, simulando deudas inexistentes y logrando embargos de salarios sin que los afectados sean debidamente notificados. Según denuncias, los ujieres simulan notificaciones, dejando a los demandados en indefensión.
