Estamos minados de menores de edad adictos que necesitan reinsertarse

Estamos minados de menores de edad adictos que necesitan reinsertarse
Foto: Referencia - El Mundo

La reinserción social de los adolescentes a nivel país se podrá lograr con la capacitación total de los agentes que intervienen en el procesos. Estos son defensores públicos, fiscales, jueces y policías. Además, en el Centro Educativo Itauguá deben contar con educadores no guardiacárceles. A esto hay que sumar la implementación de políticas públicas.

«Hablando de un joven adicto, no tenemos dónde internarle porque hay un solo centro de adicciones, con limitada cantidad de camas. A esto, si se le suma que es un chico en situación de calle, sin familia, no tiene un sitio de abrigo real donde pueda dormir», dijo el juez Carmelo Torres, coordinador del programa Justicia Juvenil Restaurativa, implementado desde el 2014 para adolescentes de 14 a 18 años.

Acotó que el Estado no tiene políticas públicas serias para aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley penal. «El primer contacto con estos chicos es para castigarlos, no para garantizarles su derecho«, continuó.

El programa en el que trabaja el magistrado logró disminuir la reincidencia en un 8 %. Para este proceso, el acompañamiento familiar es muy importante y afortunadamente, el 80 % de los grupos de seres queridos responden positivamente. El problema en algunos casos es el factor económico.

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“Hablamos de precariedades que no está solo limitada por la intención, sino por una realidad. Tienen que pagar tres o cuatro pasajes para llegar al juzgado, a sus audiencias, a su desintoxicación. Pero una vez que se logra conectar a la familia, esta realmente acompaña al hijo porque están interesados de que él salga adelante”, refirió Torres.

Si bien es fundamental que el menor con problemas de droga necesite a su entorno familiar, falta la otra parte que es el Estado que no tiene la capacidad de brindar un plan de desintoxicación y la única opción que tienen las familias son estos procesos pero en el ámbito privado que son costosísimos y a largo plazo.

El acompañamiento, en caso de un privado de libertad, debería seguir fuera de las rejas. Ese control se hace a través de la figura de los orientadores juveniles que informan si los chicos cumplen con las condiciones que se les impone. Estas personas son voluntarias y hoy trabajan en una red a nivel nacional.

“Hacen un trabajo súper efectivo. En teoría estos asesores deben estar en el Poder Judicial y tienen que ser funcionarios”, siguió el magistrado.

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El programa cuenta con sicólogos, trabajadores sociales y pedagagos durante el proceso. Realizan trabajos en la comunidad a través de convenios con narcóticos anónimos, la Universidad Católica, el centro de orientación sicológica y las municipalidades.

Se reinsertaron a la comunidad haciendo servicios como limpieza de plazas, parques, trabajo sociales en escuelas, cursos del SNPP, con la Sinafocal y con diversas iglesias. Este programa tiene la gran particularidad que se le da participación a la víctima en la resolución del conflicto, incluso cara a cara a través de la mediación y la conciliación. Estos se encuentran y juntos buscan una salida al conflicto” indicó Torres.

Evidentemente este tipo de salidas no es aplicable para todos los hechos punibles sino únicamente para los delitos.