El director de la Contraloría, Armindo Torres, comentó que como oficina solo se encargan de analizar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
«Verificamos si los ingresos se condicen con los egresos y si sus bienes condice con sus ingresos. Si hay inconsistencias, remitimos al Ministerio Público», aclaró para Bajo la Lupa de NPY.
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Pero no como una denuncia, sino como un informe. Quedará en manos de la Fiscalía abrir una investigación con ese elemento o no.
Torres recordó que el funcionario público que no declara sus bienes, es pasible a recibir una multa de 500 jornales que es igual a G. 25 millones.